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El gobernador Axel Kicillof denunció un nuevo mecanismo de asfixia financiera impuesto desde el Gobierno nacional. Desde La Plata aseguran que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, tiene “pisados” permisos para acceder a créditos internacionales por más de 1.000 millones de dólares destinados a obras de infraestructura.
Según explicaron funcionarios provinciales, se trata de líneas crediticias de organismos internacionales que cuentan con la preaprobación de los directorios correspondientes, pero que requieren el aval de Caputo para la liberación de los fondos.
Esta demora burocrática se inscribe en la política de “asfixia” hacia el gobierno de Kicillof que impulsa la administración libertaria. Además, integran esta estrategia dentro de las restricciones, suspensiones o eliminaciones de aportes federales de Nación hacia la provincia de Buenos Aires, que, según cálculos oficiales de las oficinas de calle 6 en La Plata, alcanzan los 26,7 billones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El contratiempo genera una doble frustración: Kicillof tardó casi un año en la Legislatura bonaerense para lograr la aprobación de la ley de endeudamiento, tras arduas negociaciones con sectores internos del PJ y bloques opositores. Finalmente obtuvo autorización para endeudarse hasta por 3.050 millones de dólares, pero hasta el momento no ha ingresado ningún dinero en las cuentas provinciales por esa vía.
“Después de obtener esa norma que habilita al Estado provincial a contraer deuda, la Nación obstruye el camino”, se quejan desde el gobierno bonaerense.
Desde el inicio de la gestión de Milei, la relación entre el Presidente y Kicillof ha sido marcada por una tensión extrema, con posturas antagónicas en todas las políticas públicas. Este enfrentamiento, alimentado por modelos ideológicos opuestos, se ha traducido en disputas por los recursos administrados desde el poder central.
Las restricciones complican la gestión administrativa. Según un informe presupuestario de 2025 elaborado por el exsenador y actual director del BAPRO, Marcelo Daletto, el gobernador debió recurrir a un endeudamiento significativo no autorizado por la Legislatura, por 2,4 billones de pesos, más 0,88 billones provenientes de la venta de activos financieros, para cubrir un déficit de 2,06 billones y vencimientos de deuda por 1,21 billones el año pasado.
En La Plata aseguran que esta relación corrosiva con Nación se traduce en una “clara discriminación” hacia la provincia. Señalan además que el ministro Caputo firmó la autorización para créditos internacionales destinados a proyectos en Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Salta, Río Negro, Mendoza y Jujuy, que en los últimos dos ejercicios presupuestarios sumaron más de 1.900 millones de dólares en financiamiento internacional, mientras que Buenos Aires permanece congelada.
Uno de los proyectos prioritarios congelados es la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales para las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Debido a un litigio por el impacto ambiental causado por la falta de estas obras, el juez federal Alberto Recondo impuso un embargo a la provincia por 157.164 millones de pesos para garantizar los trabajos de saneamiento, destinados a frenar la contaminación del Río de la Plata, el Arroyo El Gato y el Río Santiago.
Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense sostienen que los fondos para esta obra provienen de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 270 millones de dólares, que permanece “cajoneado” en Economía. “Son créditos solicitados para infraestructura específica, como el vertedero cloacal que está judicializado; los fondos están otorgados, pero no logramos el permiso nacional”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en una entrevista con Infocielo.
Bianco agregó que estas líneas poseen tasas más favorables y no se destinan a gastos corrientes, y destacó que la Nación no posee argumentos para negar los avales, aunque lo hace sistemáticamente con todas las provincias que los solicitan.
Si bien la provincia puede ejecutar deuda en el mercado local sin autorización nacional, el acceso a organismos internacionales o mercados externos requiere obligatoriamente la firma del Estado nacional. “El gobierno de Milei utiliza ese recurso como una herramienta de asfixia financiera contra Buenos Aires”, señaló el funcionario.
Cabe recordar que un mecanismo similar fue denunciado por Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño durante la presidencia de los Kirchner.
En otro capítulo de tensiones, hace un mes una empresa provincial fue descalificada para participar en licitaciones para el mantenimiento y mejora de rutas nacionales impulsadas por Economía. Mediante el Decreto 411/2026, Aubasa, la compañía vial estatal que opera la Ruta 2 y la autopista La Plata-Buenos Aires, fue excluida de la licitación pública por incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales establecidos en los pliegos.
Desde la empresa aseguraron que se trató de una decisión arbitraria de Milei, que los desplazó de un negocio que implicaba más de 170 mil millones de pesos en dos años. Las notas con pedidos de autorización continúan acumulándose en el quinto piso del edificio de Economía frente a Plaza de Mayo desde fines de 2024.
Entre los proyectos con financiamiento aprobado pero trabado, se destacan el tramo V (etapas 1 y 2) de la ampliación del Río Salado, con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por 135,7 millones de dólares; un plan de intervenciones hidráulicas en el
