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El Gobierno prepara un decreto con un nuevo régimen de retiros voluntarios para los trabajadores de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada. Para Javier Milei, la medida forma parte de su plataforma política de achicar el Estado. “Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer”, dijo el Presidente esta semana en el Consejo de las Américas.
Desde noviembre de 2023 hasta agosto se discontinuaron unos 74.000 contratos en el Estado. Ahora el proyecto apunta a los empleados con mayor estabilidad. Ofrece compensaciones de hasta 20 sueldos según la antigüedad, más un adicional de hasta cinco salarios, y establece que quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
El borrador está fechado el 5 de octubre y lleva la firma digital de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y número dos de Federico Sturzenegger. Según los cálculos oficiales, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con unas 2.187 adhesiones esperadas y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones. Quedan excluidos, entre otros, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia, el Servicio Exterior, los brigadistas del Manejo del Fuego, los cuerpos artísticos y los docentes.
El texto se conoció porque lo difundió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, afirmó, y anticipó nuevas medidas de fuerza. Desde UPCN, el gremio mayoritario y más dialoguista, no hicieron declaraciones.
El esquema divide a los empleados en tres grupos. Las mujeres desde 58 años y los hombres desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse podrán cobrar el 60% del sueldo cada mes hasta jubilarse, con un máximo de 36 meses, o un pago único de un sueldo por año de antigüedad, con tope de 18. Quienes ya tengan 30 años de aportes cobrarán un sueldo por año trabajado, con el mismo tope, más otros cinco salarios. Para los más jóvenes, la compensación será de un sueldo por año, con un máximo de 20, más cuatro o cinco salarios adicionales según la antigüedad.
Los pagos únicos podrán hacerse en hasta tres cuotas. Quien vuelva a trabajar en el Estado antes de los ocho años perderá lo pendiente y deberá devolver lo cobrado, actualizado por inflación más un 3% anual; la única excepción es la docencia universitaria. Además, los cargos liberados deberán eliminarse y no podrán cubrirse durante dos años.
La adhesión no será automática: la solicitud será irrevocable, pero deberá contar con el visto bueno del superior inmediato, con rango de director nacional o superior, y la decisión final quedará en manos de cada ministro, que podrá rechazarla “por razones de servicio”.
