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La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por irregularidades en la compra de medicamentos durante la actual gestión. Al exfuncionario se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo.
Además de Spagnuolo, la Justicia ratificó el procesamiento de otros 18 involucrados, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS. El fiscal federal Franco Picardi identificó la existencia de «pagos indebidos» a funcionarios de la agencia a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras ilícitas.
Todas las imputaciones se vinculan a un delito mayor: la jefatura de una asociación ilícita. El perjuicio causado, derivado del direccionamiento en la compra de medicamentos, el favorecimiento a pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones, asciende a 30.337.220.919,77 pesos.
Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron que las pruebas reunidas por el fiscal justifican las maniobras investigadas y sostienen el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello. En la causa se comprobó que ciertos funcionarios de la ANDIS y del sector privado, de manera coordinada y bajo «acuerdos espurios», integraron una organización delictiva para cometer ilícitos que les permitieron obtener importantes sumas de dinero en perjuicio del Estado.
Las maniobras afectaron especialmente a la población con discapacidad, considerada «especialmente vulnerable», que depende de pensiones no contributivas y carece de otra cobertura de salud, incluyendo madres con siete hijos, personas mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros.
Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas, actuando como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”. Además, se utilizaron mecanismos que favorecían a proveedores vinculados con funcionarios y se permitió la co-gestión por parte de agentes externos con fuerte influencia en el sector de salud, principalmente droguerías y firmas de insumos de alto costo.
Farah y Boico rechazaron los planteos de las defensas, que calificaban los procesamientos de arbitrarios y buscaban anular las acusaciones por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación, incumplimiento de los deberes y cohecho. El tribunal señaló que las defensas no lograron argumentar de forma independiente, pues sus objeciones están directamente relacionadas con la definición de las situaciones procesales.
El Tribunal confirmó la investigación del fiscal Picardi, quien detectó el uso de un programa informático no adecuado a los sistemas de contratación públicos ni aprobado por la Oficina Nacional de Contrataciones. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS) habría sido manipulado para invitar a cotizar solo a droguerías y proveedores vinculados con los miembros de la organización delictiva, quienes conocían de antemano las adjudicaciones y simulaban competencia con oferentes “pantalla”.
Una vez adjudicadas las compras, se garantizaba prioridad en el cobro y se distribuían parte de las ganancias entre algunos funcionarios participantes. En la ANDIS hubo una “atomización de procesos, normativas y disposiciones internas”, donde distintos estamentos realizaron contrataciones con proveedores, algunos sin capacidad productiva propia y que actuaban como intermediarios, lo que incrementó los costos.
Las compras cuestionadas correspondían en su mayoría a las prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI) del programa Incluir Salud.
La documentación secuestrada, correos electrónicos, peritajes telefónicos y la observación de las operaciones a través del SIIPFIS evidenciaron la irregular incorporación y arbitraria selección de proveedores, la simulación de competencias y los sobreprecios. Se confirmaron vínculos entre empresas como Indecomm SAS, Indecomm SRL, Droguería Profarma SA, FinFox SRL, Resposane Salud SA y Bymax Medical SRL con Miguel Ángel Calvete. Droguería New Farma y Droguería Floresta estaban relacionadas por la vinculación conyugal de sus titulares, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta. Además, Droguería New Farma tenía como socio a Patricio Gustavo Rama, vinculado a Droguería Génesis, cuyo responsable Andrés Arnaudo también está relacionado con Vicmor SRL.
Los jueces destacaron que las licitaciones y adjudicaciones giraron en torno a este reducido grupo de empresas.
El análisis de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló un patrón sistemático de sobreprecios en la compra del medicamento Burosumab 20 mg (Crysvita). Mientras en compras al por mayor el precio unitario oscilaba entre 21 y 25 millones de pesos, en las licitaciones menores Droguerías Génesis y Profarma cobraban más de 45 millones por la misma prestación.
Esta maniobra fue facilitada por convocatorias exprés que en algunos casos duraron apenas cinco horas y media, limitando la participación de otros proveedores. Los allanamientos a oficinas de Profarma permitieron secuestrar documentación contable que mostró los verdaderos precios de adquisición, entre 12,8 y
