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El Gobierno nacional ratificó ante la Justicia que las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum no tienen permisos para llevar adelante la exploración de petróleo que realizan en las Islas Malvinas a través del proyecto Sea Lion.
La Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos hicieron una presentación ante la Justicia federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde la jueza Mariel Borruto tramita una causa contra las compañías por posible daño ambiental y ya les ordenó suspender sus actividades. “Ninguna de las empresas referidas resulta titular de permisos de exploración y/o concesiones de explotación otorgados por la autoridad competente argentina”, señala la resolución del juzgado.
El Gobierno ya había anunciado sanciones y causas penales contra ambas compañías si continuaban con el proyecto, en el marco del reclamo de soberanía. Las empresas, por su parte, sostienen que no lo van a detener porque cuentan con la autorización del gobierno de las islas y del Reino Unido.
La causa fue iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que plantearon que la británica Rockhopper y la israelí Navitas avanzan sin estudios de impacto ambiental. En su presentación, el Gobierno confirmó que las petroleras nunca iniciaron ese trámite.
A través de una medida cautelar, la jueza les ordenó suspender el proyecto y les pidió una serie de informes. Las notificaciones ya comenzaron, aunque no hay expectativas de que las empresas cumplan, ya que en otras causas no acataron las decisiones de la Justicia argentina. “La incertidumbre sobre las consecuencias ambientales del proyecto está vinculada con una actividad hidrocarburífera de gran escala, intervenciones sobre el lecho marino, ecosistemas sensibles y ausencia de evaluación ambiental por parte de las autoridades argentinas”, sostuvo la magistrada.
El Gobierno también informó que Rockhopper y Navitas tienen una inhabilitación de 20 años para operar en el país por realizar actividades en la plataforma continental argentina sin autorización. La de Navitas rige desde abril de 2022 y la de Rockhopper, desde 2013.
