
El flechazo fue inmediato, pero el romance duró apenas siete meses en 2020, en plena pandemia de COVID-19. Tras la ruptura, la mujer no pudo aceptar el fin de la relación y comenzó a difamar al hombre a través de Facebook, Instagram y WhatsApp. Incluso creó perfiles falsos para viralizar publicaciones en las que lo calificaba como «estafador», «coimero» y «golpeador de mujeres». También lo atacó en aspectos íntimos y físicos, tildándolo de «chizito», «cornudo» y «pito corto».

La víctima, un policía de La Rioja, vivió un calvario durante varios años. Presentó carpetas psiquiátricas y sus superiores le ordenaron resolver la situación con urgencia, ya que la mujer llegó a acercarse a la comisaría para insultarlo desde la puerta, con el objetivo de perjudicarlo en su trabajo.
Ante esta situación, el agente acudió al estudio jurídico de Pablo Arrieta y Celeste Maidana, quienes presentaron una demanda civil por daños y perjuicios. Esta semana, la jueza Ana Carolina Courtis, titular de la Sala Unipersonal N° 3 de la Cámara 1° en lo Civil, Comercial y de Minas, condenó a la mujer a resarcir al hombre, actualmente de 35 años, por la violencia digital ejercida en su contra.
«La Justicia no premió el género y demostró que los hombres también tenemos derechos. Siento que se hizo justicia», expresó el policía en diálogo con Clarín.
La suma reclamada inicialmente era de casi 4 millones de pesos, pero actualizada con intereses asciende a cerca de 30 millones. Además del pago económico, la sentencia ordena la publicación de parte del fallo en la página web del Poder Judicial de La Rioja, que la mujer lo difunda y elimine los mensajes difamatorios dentro de los diez días siguientes a que quede firme la resolución, bajo apercibimiento de una multa diaria de 100 mil pesos por incumplimiento.
En su fallo, la jueza Courtis sostuvo que, según especialistas en derecho informático, «la web no es un espacio sin ley y el daño al honor, la imagen y la intimidad personal debe repararse conforme al principio general de no dañar que consagra el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional».
Arrieta destacó que en estos casos, cuando la difamación se reproduce en redes sociales, «la gente empieza a tomar partido y se genera una cascada de agresiones, pues se prejuzga y se impone una condena social». Recordó que en el país hay personas que se han quitado la vida por haber sido víctimas de escraches.
El abogado explicó que su cliente llegó con un estado depresivo y carpetas psiquiátricas, y que en su trabajo recibió advertencias para solucionar el conflicto, dado que debía mantener su decoro y conducta. Además, se abrieron sumarios administrativos que pusieron en riesgo su empleo y perdió la posibilidad de ascender durante tres años.
Según pudo saber Clarín, la mujer trabaja tanto en el sector privado como en el público y está en condiciones de afrontar el pago de la condena. Además de los hostigamientos en redes sociales, ella presentó una denuncia penal por violencia de género contra el policía, que fue desestimada tras comprobarse que se trataba de una falsa acusación.
Este caso sienta un precedente relevante en el país, siendo la primera condena por escrachar a través de perfiles falsos, según destacó Arrieta. Maidana añadió que la difamación mediante estas vías «no deja impunidad» y que la Justicia equilibró derechos y obligaciones entre hombres y mujeres.
Ambos abogados subrayaron que las redes sociales no son un territorio sin regulación y que escrachar sin pruebas conlleva consecuencias legales. En uno de sus posteos, la mujer recriminaba los viajes que el policía compartía en sus redes y le exigía la devolución de regalos de ropa por un millón de pesos, afirmando: «Este pito corto anda de viaje y no tiene la plata para devolverme a mí».
La víctima, cuya ex también lo acusaba falsamente de usar su uniforme para cometer estafas y abusos de autoridad, logró rehacer su vida tras años de hostigamiento. Hace siete meses, fue padre por primera vez.
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