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El senador del PRO y ex ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, advirtió que el fallo de la jueza Marta Pascual, que suspendió durante 60 días la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, “es una trampa” que podría derivar en una extensión de la medida más allá de ese plazo.
“Es una trampa para extender el miércoles la suspensión de la ley por más de 60 días”, sostuvo Montenegro en referencia a la audiencia convocada para ese día por la jueza de Lomas de Zamora.
Pascual citó a esa audiencia al gobierno de Axel Kicillof para que informe si la provincia cuenta con la capacidad necesaria para alojar a una eventual mayor cantidad de jóvenes detenidos por delitos graves. De no ser así, la magistrada podría extender la suspensión de la ley.
Montenegro cuestionó con dureza esa posibilidad y solicitó el jury contra la jueza, a quien acusó de prejuzgar y de haber dictado su polémico fallo sin presentar datos suficientes que justifiquen una suspensión de alcance provincial.
“Hay un grupo en la provincia de Buenos Aires que está pensando en cómo proteger al delincuente”, afirmó Montenegro en el programa Dato sobre Dato, de Ecomedios, al referirse al gobierno de Kicillof y a la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
El senador sostuvo que el problema central radica en “un exceso de la jueza Pascual en su función” y agregó: “Ella tiene que hacer cumplir la ley, no opinar sobre la ley. Carece de fundamento objetivo, no tiene datos y decide que no se aplique en toda la provincia”.
Además, Montenegro criticó que la magistrada haya tomado como referencia la situación del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para adoptar una medida que afecta a todo el territorio bonaerense.
“Presupone que el resto de la provincia enfrenta el mismo problema que Lomas de Zamora. Por más que no esté de acuerdo con una ley, la jueza no puede dejar de aplicarla de esta manera”, afirmó.
Y añadió: “Hay un exceso en el planteo que hace la jueza respecto a su función. Un juez no puede decidir que una ley no se aplique porque no están dadas las condiciones. Eso está mal”.
Para el ex intendente de Mar del Plata, la resolución judicial “pone en crisis una política criminal” y genera una situación de “gravedad institucional”.
“La jueza Pascual no aplica la ley por 60 días porque considera que en toda la provincia no están dadas las condiciones. Y eso no es así. Lo que genera es una gravedad institucional”, afirmó Montenegro.
Los números de Lomas de Zamora
La jueza Pascual fundamentó su decisión en gran parte en la situación que atraviesa el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, uno de los distritos judiciales más importantes y poblados de la provincia.
En ese contexto, los datos oficiales permiten dimensionar el universo de menores que durante 2025 estuvieron vinculados a investigaciones penales juveniles en esa jurisdicción.
Según un informe elaborado por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con datos extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), durante 2025 fueron registrados 2.183 jóvenes dentro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. La Procuración está a cargo de Julio Conte Grand.
De ese total, 1.734 tenían menos de 18 años.
La distribución por edades indica que 220 tenían menos de 14 años, 481 entre 14 y 15 años, y 1.033 entre 16 y 17 años.
Este dato adquiere particular relevancia a partir de la resolución de Pascual, que dispuso suspender durante 60 días la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires.
La estadística revela que, sólo en Lomas de Zamora, el sistema judicial registró en un año a 220 niños y niñas menores de 14 años vinculados a investigaciones penales juveniles.
El informe también muestra que la problemática no se concentra exclusivamente en los adolescentes mayores. De los 1.734 menores identificados en 2025, casi 500 tenían entre 14 y 15 años.
La discusión que deberá afrontar la Justicia el próximo miércoles no se limita al caso de Lomas de Zamora. En esa audiencia se planteará una cuestión de mayor alcance: si la provincia dispone de la infraestructura necesaria para implementar la nueva legislación penal juvenil o si, por el contrario, las deficiencias en el sistema de alojamiento y contención justifican mantener suspendida la ley.
Para Montenegro, esa decisión no puede quedar en manos de una interpretación judicial que, según su criterio, termine modificando de hecho una política criminal definida por el Poder Legislativo.
