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Máximo Kirchner busca aprovechar la coyuntura en el Congreso y las fricciones entre el oficialismo y sus aliados para impulsar una nueva versión del impuesto a la riqueza, mediante la creación de un gravamen sobre las transferencias internacionales de capital. Esta iniciativa, sin embargo, ya generó rechazo por parte de sectores de la oposición que cuestionaron al jefe de La Cámpora.
El diputado pretende replicar el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE), conocido como impuesto a las grandes fortunas, que se aplicó en 2020 para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, la propuesta se denomina Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) y busca gravar toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país.
La medida comienza a provocar divisiones incluso dentro del peronismo. Algunos sectores del bloque de Unión por la Patria no ven con buenos ojos la creación de un nuevo impuesto en vísperas del inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027. «Nadie quiere crear un nuevo impuesto en la Argentina. Eso ya no es posible», afirmó un legislador peronista. A pesar de ello, se esperan reuniones entre los distintos sectores para definir una estrategia común, en un momento en que la Cámara de Diputados se dispone a tratar el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno el pasado 15 de septiembre, el cual mantiene la línea de recortes y ajuste sobre las provincias.
La propuesta de Kirchner tampoco contó con consenso entre algunos sectores opositores que podrían acompañar al peronismo frente a la política de ajuste oficial. Desde la oposición disidente no peronista advirtieron: «Con esta idea, Máximo está jugando para la reelección de Milei». Además, señalaron que, de aprobarse el proyecto en ambas cámaras, el presidente terminaría vetándolo.
El proyecto establece gravar toda transferencia de capital, ya sea en divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de forma directa o indirecta por los sujetos alcanzados. Según explicó Kirchner, el objetivo es apuntar contra el flujo de capitales especulativos.
El ITIC impone una alícuota del 3%, a la que se suma un 2% adicional cuando el destino de los fondos sea un país de baja o nula tributación. El impuesto aplica a personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y estructuras análogas, tanto residentes como no residentes.
Kirchner estima que este impuesto podría generar una recaudación cercana a 2,89 billones de pesos, lo que equivaldría a diez veces lo transferido a las provincias en concepto de transferencias de capital en 2025. En el texto se aclara que la recaudación tendrá una asignación específica: el 60% se destinará a provincias y municipios para obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vialidad, mientras que el resto se distribuirá entre salud, educación, discapacidad y jubilados.
Desde diversos sectores de la oposición y también del oficialismo señalaron que la iniciativa busca “frenar las inversiones en el país”.
El impuesto se cobrará al momento de la operación y su administración y control estarán a cargo de ARCA, con la intervención del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) en sus respectivas áreas, y con asistencia técnica de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La propuesta guarda similitudes con el impuesto a las operaciones financieras vigente en Brasil, que grava, entre otros conceptos, las remesas de divisas al exterior con una tasa general del 3,5%.
