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Sin pausa ni tregua, el Gobierno volvió a tensar la relación con sus aliados en el Congreso al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de medidas que implican la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta legislación, que el propio oficialismo había mostrado disposición a negociar con los bloques dialoguistas para frenar la ofensiva opositora y mitigar los costos de una eventual prórroga, ahora enfrenta un giro inesperado.
Desde el seno del oficialismo admitieron desconocer la intención de la Casa Rosada de retomar una política de recortes en discapacidad, especialmente cuando la oposición en Diputados manifestó interés en avanzar con la prórroga de la normativa vigente hasta el 31 de diciembre.
La controversia se desató al conocerse que el proyecto de Presupuesto 2027, presentado cerca de la medianoche del martes, propone, entre otras modificaciones, regresar al esquema de pensión por invalidez, que representa el 70 % de la jubilación mínima. Bajo esta modalidad, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán recibir ninguna compensación si están empleadas.
Otro punto conflictivo es el cambio en el esquema del nomenclador. Según el documento remitido por el Ministerio de Economía, los montos dejarán de ser universales, quedando a discreción de las obras sociales y prepagas fijar los valores de pago a los prestadores. En el caso de las entidades nacionales, se actualizarán trimestralmente; de no hacerlo, se aplicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado mensualmente por el Indec.
Asimismo, el proyecto deroga la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. También establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad serán equitativos para todas las entidades contempladas en la ley, determinados por el directorio del organismo correspondiente y actualizados conforme al Decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.
Estas modificaciones generaron tensión entre el oficialismo y sus aliados durante el plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, convocado tras el reclamo opositor en la última sesión.
En el bloque de la UCR advirtieron que el apartado sobre discapacidad incorporado al proyecto no está en línea con el trabajo desarrollado en los plenarios, por lo que evaluarán en los próximos días su posición al respecto.
Desde el PRO, manifestaron una postura similar; sin embargo, el espacio que lidera Cristian Ritondo se comprometió a continuar el diálogo con el oficialismo para acordar un cronograma de pagos de las compensaciones adeudadas a los prestadores y evitar afectaciones en las prestaciones.
Frente a esta situación, desde el oficialismo calificaron como «un error» la redacción del proyecto y sugirieron que esos artículos serán «eliminados» del Presupuesto. No obstante, dichas declaraciones no garantizan su cumplimiento y crece la percepción entre varios diputados de que el presidente de la Cámara, Javier Milei, podría terminar vetando lo aprobado por el Congreso.
Durante el debate en comisión, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado intentó acercar posturas e insistió en que trabajan en «un proyecto superador». “Sumamos a todos los que quieran colaborar en materia de discapacidad para establecer estándares permanentes en esa área”, destacó la legisladora por Córdoba, aunque hasta el momento no se conocen detalles de dicha iniciativa.
Por su parte, Silvana Giudici explicó que la propuesta oficial busca «salir de la emergencia y establecer un marco regulatorio permanente en discapacidad». Desde el oficialismo aseguran mantener todos los beneficios, aunque el proyecto enviado por Luis Caputo refleja lo contrario.
En tanto, el peronismo expresó fuertes críticas hacia el Gobierno. El diputado piquetero Juan Marino denunció la intención gubernamental de «destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad y desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad» mediante la derogación de artículos clave. Además, advirtió que con las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, «cada prepaga, obra social o provincia podrá definir valores diferenciados» para cada prestación, lo que, según su criterio, generará «una fragmentación del sistema».
El debate sobre la Emergencia en Discapacidad continuará el próximo 23 de septiembre, cuando se buscará firmar dictamen de comisión para luego llevarlo al recinto.
